20 jun. 2013

El Gobierno adelgazará la Administración suprimiendo la burocracia

En estos días el Gobierno está poniendo sobre la mesa la reforma de las Administraciones Públicas y lo hace a través de los dos cargos más alto, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y el propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Este último presentó el miércoles 19 de junio el informe más esperado (el Consejo de Ministros lo encargó en octubre)  Son dos mil páginas y 217 propuestas concretas con las que se pretende modernizar la Administración Pública, entre las medidas habrá 120 propuestas para que las Comunidades Autónomas eliminen duplicidades y dejen de coexistir, por ejemplo, varias agencias de Meteorología, cuando la del Estado hace el trabajo para todos, y con una calidad igual o mejor. El lema es suprimir burocracia en las Comunidades Autónomas, pero, también es verdad,  tendrá que convencerlas de sus bondades.

Así, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha anunciado que el Ejecutivo procederá a la reforma de hasta 57 organismos públicos y propondrá la supresión de 90 observatorios autonómicos y estatales. Además, el Gobierno tiene la intención de suprimir 17 de las actuales 48 fundaciones del Estado. El objetivo, en palabras de Santamaría es el de "avanzar en un Estado autonómico con gestión descentralizada y una Administración que cambia de óptica".

La reforma de la Administración obedece a la necesidad de ponerla a punto en los nuevos tiempos, pero también al problema del desplome «brutal» de los ingresos públicos por la crisis económica. Al cierre de 2012, España era el país con menor nivel de ingresos públicos sobre PIB de la eurozona, sólo por detrás de Irlanda y Eslovaquia. Frente a una media del 46,2 por ciento, España se situaba en el 36,4 por ciento.

Menos ventanillas
Se trata de tener unas Administraciones, como señala Rajoy,  «más austeras, más útiles y más eficaces», con «menos formularios, menos papeleos y menos ventanillas», es decir, hacer más con menos, pero sin renunciar a la calidad. Las autonomías tendrán en su mano aceptar las recomendaciones o meterlas en un cajón.

Hay varias acciones, entre ellas, suprimir anacronismos como el de la generación de las nóminas de funcionarios, que se realiza según las pautas adoptadas en 1974. Para ello se utilizan hasta 132 cuentas bancarias (el Estado tiene un total de 4.823), que se reducirán a
las mínimas necesarias (dos o tres).

Asimismo, el Gobierno quiere suprimir burocracia y lo hace a costa del empleo, como los 377.000 puestos públicos eliminados. Todo ello permitirá una Administración con menos personal y más tendente a la interrelación electrónica, como el ejemplo que puso para quitar ventanillas y ofrecer más ahorro con menos coste: “una notificación postal cuesta 2,5 euros, una electrónica 0,19 euros”.

Pero en este sentido hay que ser realistas en cuanto a cómo están introducidas las nuevas tecnologías en la sociedad española. ¿Qué porcentaje de la población tiene ordenador en casa y conexión a internet?... Suprimir burocracia está bien, pero no se puede obligar a nadie a hacer una gestión electrónica si no se tiene los medios adecuados. Todo ello conlleva introducir el acceso a internet de forma gratuita y ordenadores en los ayuntamientos de toda España para que cualquiera pueda llevar a cabo una gestión con las Administraciones Públicas.

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