15 oct. 2012

Los funcionarios que causen baja por enfermedad veran reducido su salario en un 50%

A partir de este lunes, los empleados públicos de la Administración del Estado que se encuentren en situación de incapacidad temporal por enfermedad verán reducidas sus retribuciones desde el primer día.

Concretamente, estos trabajadores verán reducido su salario a la mitad durante los primeros tres días de baja; desde el cuarto día hasta el vigésimo, ambos inclusive, se reconocerá un complemento que sumado a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al 75% de sus retribuciones; y a partir del día vigésimo primero, inclusive, se le reconocerá una prestación equivalente al 100% de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

No obstante, cuando la incapacidad temporal implique intervención quirúrgica u hospitalización, las retribuciones no serán objeto de minoración, al igual que en el caso de los empleados públicos sometidos a tratamientos de radioterapia y quimioterapia, o el de las trabajadoras en estado de gestación, aún cuando no haya situación de riesgo durante el embarazo.

Alegaciones de CSI-F
CSI-F indica en el comunicado que estas excepciones han sido posibles gracias a las presiones de los sindicatos y apunta que, por su parte, ya ha presentado una serie de alegaciones más al Gobierno para que al colectivo de pacientes en tratamientos crónicos, como enfermedades cardiovasculares, no se les aplique de manera excepcional esta disposición.

Según explica, el tratamiento y las revisiones periódicas supondrían para estos pacientes una penalización económica al enfermo por el hecho de serlo y además de por vida, incluso en los casos en los que la cardiopatía se haya producido por accidente laboral.

En cualquier caso, el sindicato presidido por Miguel Borra entiende que se trata de una medida "injusta y arbitraria" porque parte del "prejuicio erróneo" de que los empleados públicos presentan mayores niveles de absentismo que los del sector privado. Como siempre, un sector "criminalizado" por el sólo hecho de tener empleo.

"Además, -señala el sindicato- tendrá un efecto mínimo en las cuentas públicas porque las personas que lo necesiten seguirán yendo al médico y cogiéndose la baja, como no puede ser de otra manera, en un país moderno y desarrollado".

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