28 ene. 2008

El acceso a la información pública en España

En la Conferencia que el PSOE ha ofrecido este fin de semana para la elaboración del programa electoral del partido se aceptó una enmienda de Diego López Garrido, portavoz parlamentario, por la que el PSOE se compromete a elaborar una ley sobre el derecho al libre acceso a la información.

Esta ley garantiza que los poderes públicos faciliten el libre acceso a la información a los ciudadanos, a los medios de comunicación, a los partidos y demás agentes sociales. Se añade que ningún documento podrá ser negado salvo que sea un secreto oficial. Y así mismo, se establece la creación de una autoridad independiente elegida por el Congreso que velará por el cumplimiento de esta ley.

Hace pocos días se celebró en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, una mesa redonda sobre “El derecho a saber. Por una ley de acceso a la información pública en España”(vía Periodistas-es.org), en donde se expuso que España carece del derecho que toda persona tiene para solicitar y recibir información de las administraciones públicas. En algunos países de nuestro entorno tanto los periodistas como los ciudadanos pueden solicitar por teléfono un listado de todos los contratos suscritos por un organismo público durante un período de tiempo y la Administración tiene la obligación de contestar. En España esto es una utopía al ser uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley específica de acceso a la información que regule este derecho.

En esta mesa redonda la periodista de El País, Soledad Gallego Díaz, comentó que el principal problema al que se enfrentan los periodistas es la incapacidad de acceso a la opacidad de la Administración. Según Soledad, es una dificultad que viene, a su juicio, de los mecanismos y leyes y por la mentalidad de muchos funcionarios “que piensan que la información es suya y de sus jefes”, cuando la información pública es un derecho universal. Sin embargo, en la demanda de esta ley advirtió del miedo a caer en una regulación que también sea restrictiva.

En medio de este “derecho” están los periodistas que trabajan en los distintos gabinetes de prensa-comunicación de la Administración General del Estado, y que son duramente criticados por la profesión, como si fueran ellos los culpables de la no accesibilidad a documentos determinados. Ha de saberse que los periodistas institucionales están para facilitar la tarea a sus colegas, pero también se deben a un régimen laboral interno por el que deben consultar, obligatoriamente, al asesor-director de comunicación si se puede o no facilitar el dato que se pide.

Está bien regular este derecho, pero como señala Soledad Gallego, se debe tener cuidado en que la regulación sea restrictiva y en vez de ser la panacea se convierta en un muro aún más infranqueable del que existe en la actualidad. El libre acceso a la información es un derecho que hay que administrar con ciertas cautelas, dado que existen documentos críticos que sacados de su contexto

1 comentarios:

Octavio Rojas dijo...

Me llamó la atención esta noticia, porque daba por descontado que esta posibilidad existía en España.

En México lleva funcionando cerca de 8 años y significa un antes y un después en la relación de los medios y el gobierno.

Incluso va más allá, porque cualquier ciudadano puede solicitar cualquier información y, aunque no siempre obtiene toda la que busca, es cierto que hay muchas otras (contratos, sueldos de funcionarios, etc.) que ahora son totalmente transparentes.

Saludos.