10 abr. 2007

Un fraude de Ley

Desde este blog se ha escrito bastante y variado sobre la “viabilidad” de la famosa Ley de Publicidad y Comunicación Institucional (BOE n. 312 de 30/12/2005) que se aprobó hace un año y medio. Una Ley que se revestía de un pomposo nombre y que además pretendía regular la propaganda institucional, frenar el abuso de tanto autobombo de éxitos -a veces ciertos, otras no- de gestión política. Y además, llevaba el calificativo de “Comunicación Institucional”.

Ya dijimos los agujeros que presentaba la ley, la falta de una regulación específica, real y concreta de lo que es la comunicación institucional, y por supuesto un órgano público que permitiera controlar de manera efectiva ese “autobombo” al que con tanta facilidad caen los políticos-gobernantes.

El editorial de El País de hoy viene a confirmar esta circunstancia, donde analiza ese año y medio de fracaso de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional con un pregunta ¿Para qué sirve elaborar una ley cuando luego se reconoce la dificultad de aplicarla?. Es para sonrojarse comprobar que la comisión encargada del cumplimiento de la ley se declara incompetente en la mayoría de los casos interpuestos contra presuntos casos de publicidad ilegal de las administraciones locales.

No conforme El País con esa interrogante, formula al final del editorial otra más preocupante “¿no es ya hora de que nuestros gobernantes entiendan que hacer uso alegremente de los fondos públicos para ensalzar su gestión es un fraude intolerable?.

Y tan intolerable, como que aún no se ha regularizado un punto básico para hacer que los políticos-gobernantes no se sientan unos animosos “Goebbels” con el poder que da la propaganda institucional: regularizar la comunicación institucional, el trabajo independiente de los profesionales que la llevan a cabo legislatura tras legislatura, control más preciso de la utilización de la información privilegiada que se manejan en los ministerios, autonomías y ayuntamientos. Esa era la parte fundamental, y la otra, la que ahora genera críticas, la publicidad institucional, no es más que rubrica final de una ley creada para cumplir un compromiso electoral sin más pretensiones.

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