19 abr. 2007

Falta personal para la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información

Más de 5,5 millones de hogares españoles están conectados a Internet, según la XIII Oleada del Panel de Hogares del Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de Red.es. Son ya 18,6 millones de españoles que declaran haber accedido a Internet, y para añadido un 61% de los que acceden a la Red lo hace cada semana.

En esta Oleada se indica que los españoles muestran una actitud más positiva las tecnologías de la información, sobre todo su utilidad para la educación y el mundo laboral. Datos que van confirmando el auge de las nuevas tecnologías, y sobre todo el acceso a Internet de la población española. Crecimiento que conlleva un gasto importante en los hogares, que sólo en el referente a Internet –sin contar telefonía móvil, ni televisiones de pago) asciende a un total de 384 millones de euros.

Para que esta sociedad conectada tenga seguridad, hace falta también que se produzca un “amparo” legislativo por parte del Gobierno. El acceso a la Administración Electrónica está ya dado, y el Consejo de Ministros del pasado viernes dio luz verde al proyecto de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI). Todo ello para que en el año 2010 los ciudadanos tengan derecho pleno a una Administración electrónica que le responda con rapidez.

Pero esta Sociedad de la Información tan bien planteada, cojea desde su inicio. ¿Está el personal de las Administraciones Públicas preparado para ese nuevo estatus de relación ciudadano-administración? Cuando se habla de trámites burocráticos, en el más puro sentido, no debe haber problemas, ya que serán los propios ordenadores los que compulsen y den el visto bueno a un trámite.

La cuestión es si la Administración General del Estado y las Autonómicas se encuentran en condiciones óptimas para responder al ciudadano. La comunicación que se lleve a cabo debe estar bien estructurada, sin fallos, y sobre todo, sin respuestas automáticas. El ciudadano se daría cuenta rápidamente que su pregunta ha sido generada por un ordenador y , por lo tanto, no obtiene respuesta. Es imprescindible que tras la solicitud exista una persona cualificada para responder, que además proporcione un formato más fácil para la comprensión de los enrevesados textos burocráticos.

En este punto los periodistas institucionales van a jugar un papel primordial. Traducir a un texto legible, sencillo y claro las normativas administrativas será casi una obligación. Un ciudadano cuando es conocedor de una nueva ley o decreto que puede afectarle, a buen seguro que irá a esa Administración Electrónica a pedir información más detallada. De nada servirá que una máquina “escupa” el farragoso texto burocrático que publica el BOE. Querrá la sencillez, la claridad, el texto directo, y, sobre todo, la posibilidad de un “diálogo”: yo pregunto, tú respondes, yo comento, tú me aclaras… y así emisor-receptor convierten una consulta en una conversación.

Desde mi modesta visión creo que los periodistas, como profesionales de la comunicación, deberán ser los encargados de establecer esta línea de relación en la Sociedad de la Información.

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