4 dic. 2006

Camino de las prejubilaciones en la Administración Pública

El pasado viernes el Consejo de ministros aprobó el proyecto de Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, una norma que establece el derecho de todos los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizarlo.

La ley, según señala la nota de prensa, que se convierte en un punto de partida de una nueva generación de derechos de los ciudadanos, los derechos digitales, se aprueba con el apoyo de numerosas comunidades autónomas y de los representantes de las entidades locales, que han participado en su elaboración con sugerencias y aportaciones. Entrará en vigor en 2008 y beneficiará a los ciudadanos que podrán así ahorrar tiempo y dinero en sus gestiones.

Esta Ley supone un paso cualitativo y cuantitativo de acercar la Administración al ciudadano, aunque bien es verdad que el Estado lo primero que debe es permitir la accesibilidad a Internet, dado que hoy por hoy las tarifas de conexión siguen siendo de las más altas de Europa. Poco efecto va a tener la Ley si los accesos electrónicos no llegan a todos los ciudadanos.

Ahora bien, esta Ley también me hace reflexionar sobre un punto importante: el personal que trabaja en las Administraciones. Facilitar las gestiones al ciudadano a través del acceso electrónico implicará que muchos funcionarios no tengan ya trabajo y de alguna manera habrá que recolocarlos.

Leo un artículo de Fernando González Urbaneja que habla de las jubilaciones anticipadas de los funcionarios, que puede convertirse en una realidad, ya que el grupo parlamentario de CiU ha presentado una enmienda en el proyecto de Estatuto de la Función Pública que habilita una posible jubilación parcial anticipada para los funcionarios.

Urbaneja, acertadamente, señala que a los funcionarios públicos o estatutarios, especialmente funcionarios de carrera (excepto fuerzas armadas y cuerpos de seguridad) docentes y sanitarios... nunca se les ha ofrecido esa oportunidad de la jubilación anticipada.

Y sentencia que el Estado debería predicar con el ejemplo como empleador, con la ley de igualdad y con las modelos de conciliación, pero también con un mecanismo de descuelgue progresivo del puesto de trabajo para las personas que pisan la última fase de su vida laboral. Mecanismo de trabajo parcial, por ejemplo a partir de los 55 años, serían eficaces, además de justos, para los funcionarios y para la Administración pública. La enmienda, admitida, va en ese sentido y revela tino.

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