27 nov. 2006

Ahora toca reformar los gabinetes de comunicación institucional pública

Tras las reformas llevadas a cabo en el agencia EFE y en RTVE, el Gobierno tiene, todavía, una asignatura pendiente como es la reforma de la Comunicación Institucional de la Administración Pública española, para cerrar el círculo de la tan “manida” gestión informativa transparente

El trabajo que ha llevado a cabo Alex Grijelmo en la Agencia EFE merece un calificativo de sobresaliente, no sólo porque ha conseguido obtener por primera vez beneficios económicos, sino que además ha puesto en manos de los profesionales de la casa un Estatuto de la Redacción.

La reforma de la RTVE ha sido dura y compleja, pero ha dado un vuelco a la estructura del grupo audiovisual para desvincularlo del poder político y garantizar su independencia, por un lado, y para sanear su situación económica y dotarlo de una financiación estable, por otro. La reestructuración se ha desarrollado en tres campos: reforma estructural, comercial y laboral, ésta última con la salida de 4.150 personas mediante prejubilaciones a partir de los 50 años y bajas incentivadas.

El colofón de esta reforma se puso el viernes 24 de noviembre con la designación del futuro presidente de la Corporación RTVE, el periodista Luis Fernández, con el “acuerdo histórico” entre los dos partidos mayoritarios PP y PSOE. De este modo se pone fin al modelo de nombramiento del director general de RTVE en manos del Gobierno.

Pues bien, si estas acciones se han podido llevar a cabo en dos grandes medios de comunicación de titularidad pública, se hace necesario modificar también el anquilosado y caduco sistema que rige en los gabinetes de comunicación institucional de las administraciones públicas.

Desde la entrada de la democracia en este país, nadie ha querido establecer unos mecanismos de regulación en los gabinetes de prensa institucionales que sean adecuados al sistema democrático español. Después de 30 años de democracia, los gabinetes de prensa siguen sustentados en los antiguos cimientos del Ministerio de Información y Turismo del gobierno franquista.

Me consta, porque lo he oído, que en el propio seno del PSOE algunos reconocen que se perdió una gran oportunidad de reformar los gabinetes de prensa con la famosa Ley de Publicidad y Comunicación Institucional que se aprobó a finales de diciembre del año pasado (BOE 30 de diciembre de 1995). Una Ley tan descafeinada y falta de contenido concreto que ya ha dado muestras en este año del incumplimiento total por parte de las administraciones públicas: los anuncios de “auto bombo” que se prometían ser anulados, siguen existiendo en el panorama político español (Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, Generalitat de Catalunya, Comunidad de Castilla y León, etc.).

Reformar el sistema que rige en los gabinetes de Comunicación Institucional (incluidas las publicaciones oficiales) es necesario para evitar el intrusismo, el monopolio político, los desbarajustes laborales por intereses particulares, la creación de una especie de “reinos de Taifas” donde el designado jefe de prensa se atrinchera y el desaprovechamiento de la experiencia profesional que pueden proporcionar los periodistas que llevan muchos años trabajando en la Administración Pública. Una reforma, pues, que consiga resultados en la estructura administrativa y, por lo tanto, el reconocimiento profesional de los periodistas que trabajan para las administraciones públicas

Hay que suprimir esa visión “politizada” de todo cuanto sale de un gabinete de prensa público, sin tener en cuenta que esa información generada se corresponde con un organismo público que está pagado por los ciudadanos. Existe el derecho a recibir información veraz de la gestión que se está realizando en la institución, y no al “bombardeo” sistemático de la imagen del ministro, o alto cargo, en cualquier actividad presencial o no.

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