27 ago. 2006

La clandestinidad de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional

El primer consejo de ministros tras el periodo vacacional aprobó un Real Decreto por el que se regula la composición, organización y funcionamiento de la Comisión de publicidad y comunicación institucional de la Administración General del Estado y se establece el procedimiento de elaboración y aprobación de su Plan anual.

Según la nota de Moncloa "con este Real Decreto se da cumplimiento a las previsiones contenidas en la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de 29 de diciembre de 2005, la cual regula el contenido de los mensajes difundidos a través de campañas de publicidad y comunicación de las administraciones públicas y se disponen garantías frente a aquellas campañas que incumplan sus mandatos".

El Real Decreto establece la adscripción de la Comisión al Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación. Bajo la presidencia de la Vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, forman parte de la Comisión un representante de cada uno de los Departamentos ministeriales, que representarán institucionalmente a su respectivo Ministerio y a los organismos y entidades adscritos al mismo. No obstante, no se excluye la participación directa de otros organismos o entidades públicas, previéndose tal participación cuando los asuntos a tratar les afecten directamente.

De nuevo el Gobierno utiliza un Consejo de Ministros "descafeinado" (sin interés informativo) para terminar de perfilar la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. Ley que aprobó el 29 de diciembre de 2005, fecha que, como se podrá comprobar, también es elegida con cierta dosis de "clandestinidad" (definición del diccionario de la RAE de clandestino: "Secreto, oculto, y especialmente hecho o dicho secretamente por temor a la ley o para eludirla).

No es por casualidad que la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional pase de puntillas por la actualidad informativa. El Gobierno sabe perfectamente que dicha Ley sólo apunta y dirige el aspecto publicitario de los departamentos ministeriales. De ningún modo regula la Comunicación Institucional de los gabinetes de prensa de las administraciones públicas.

La propia Vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que esta iniciativa prohíbe las campañas "de autoelogio o autobombo" de las Administraciones públicas, y sobre todo, obedece, a su juicio, a un compromiso electoral y a un principio político "esencial" para este Gobierno: "La comunicación y la publicidad debe estar al servicio de los ciudadanos, que la pagan con sus impuestos, no al servicio de los intereses partidistas del que gobierna", afirmó De la Vega.

Es innecesaria esta Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, pues estará formada por los distintos departamentos ministeriales y como todos podemos comprender si se diera el caso de una publicidad con "autobombo", seguro que no se corregirá, porque todos estarán implicados en el beneplácito de esa publicidad.

Aquí, lo importante, es que el Gobierno socialista sólo ha querido "maquillar" un compromiso electoral, pincelando una Ley inservible con la que poder presentarse ante los electores de haber cumplido con ese princio político del que hacía gala la vicepresidenta primera: "la comunicación y la publicidad debe estar al servicio de los ciudadanos".

La Comunicación Institucional en España sigue sin estar regulada. El Gobierno, con sus famosas notas de prensa o "El Gobierno informa" puede seguir haciendo "autobombo" de su gestión, y nada ni nadie se lo va a impedir porque la Ley reguladora sólo fija su interés en las campañas publicitarias. ¿Para cuándo una verdadera Ley que regule la Comunicación Institucional y la profesionalidad de los Gabinetes de prensa institucionales?

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