8 jun. 2006

Sobre la oportunidad perdida con la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional

Volvemos a la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional que se aprobó a finales de diciembre del año pasado (BOE 30 de diciembre de 1995), y a esa posible y creible "oportunidad perdida". Una ley que no ofrece nada nuevo al panorama comunicativo de las administraciones. regular sólo la publicidad y no la comunicación es una deuda que sigue teniendo la democracia española.

Cuando uno se lee la exposición de motivos de la mencionada Ley comprueba que se han dejado una serie de flecos sueltos y no regulados sobre lo que es la comunicación institucional. En su segundo párrafo la norma legislativa deja sentenciado: "El gobierno es, indududablemente, sujeto y objeto de información y valoración política; pero, en cuanto responsable último de la Administración General del Estado (AGE) y en razón, precisamente, de la función ejecutuiva que constitucionalmente se le encomienda, es emisor de una serie de mensajes dirigidos a los ciudadanos que se engloban bajo la denominación genérica de campañas institucionales de publicidad y comunicación".

Un párrafo que sitúa al Gobierno en el disparadero de emisor de infromación, y por lo tanto responsable directo. Para que no haya dudas, la Ley continúa señalando "La dualidad entre naturaleza política y ejecutiva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas separadas. La valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que, ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común, emprende la Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que desarrolla".

Corrobora esta definición las reivindicaciones de los periodistas de la administración: esa separación entre política y actividad ejecutiva administrativa que casi todos los gobiernos que han pasado a lo largo de la democracia no han sabido diferenciar. Añade la Ley en esta exposición de motivos: "Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del Gobierno, a traves de campañas institucionales, desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas".

Lástima que la Ley en su desarrollo posterior fija todo su interés en la emisión de mensajes publicitarios, tregulando las campañas y los contenidos de esa comunicación institucional. Los preámbulos, sin embargo, dejan entrever una comunicación institucional regulada y separada claramente de lo que es la comunicación política, esa gestión política que todo Gobierno lleva a cabo y desea dar a conocer. Pero, como dice la Ley, hay una serie de "cauces propios" y no deben mezclarse. Esas cauces propios, sin decirlo, son los que el partido político está obligados a "vender" las grandezas de la gestión de su Gobierno.

Verdad es que se ha perdido una oportunidad para que esta Ley de Publicidad y Comunicación Institucional se ampliara y completara en lo que se refiere a la comunicación institucional por sí sola, separando claramente ese mensaje político del puramente administrativo. Si como se dice en la norma "el propósito de la Ley es que toda la información llegue a todos los ciudadanos", se hace necesario no sólo unas campañas de publicidad institucional completas y bien dirigidas, sino una comunicación institucional desde los gabinetes de prensa que dejen claro dónde se encuentra la gestión propiamente adminsitrativa de la venta de las grandezas del Gobierno-político de turno.

Hay que seguir solicitando a los Gobiernos que regulen con seriedad y equidad la Comunicación Institucional y no que la arropen con encorsetados textos legislativos como esa Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. Una ley que, bien leida no ofrece nada nuevo al panorama comunicativo de las administraciones.

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