28 feb. 2006

Reflexiones sobre la dignificación de los periodistas de las Administraciones Públicas

Artículo de Enric Bastardes [Secretario General de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)]

A pesar del largo período de libertades democráticas de las que disfrutamos en la España actual, es frecuente, si no permanente, la confusión entre sentido de Estado y utilización partidista de las diversas administraciones. Esta anormalidad, propia de una democracia inmadura, constituye el primer obstáculo para que los informadores adscritos en el ámbito de las Administraciones Públicas tengan reconocida su tarea con plenitud.

Los responsables de los distintos gobiernos, tanto a nivel de Estado, como autonómicos o locales, han considerado prioritaria la imagen, la propaganda y la difusión de noticias favorables a su gestión, a la obligación de favorecer con plenitud la transparencia informativa y el acceso de la ciudadanía a las fuentes oficiales. De esta tendencia se derivan tanto las forzadas condiciones en las que trabajan los periodistas institucionales, como la desconfianza que producen en los periodistas de los medios las informaciones “oficiales”, consideradas de antemano como interesadas o parciales.

Por otra parte, la tendencia de los equipos gubernamentales de desembarcar en los distintos ámbitos de la Administración correspondiente, después de cualquier resultado electoral favorable, con responsables de comunicación de nombramiento de confianza (es decir política y partidaria), crea en el seno de las administraciones dos categorías de profesionales dedicados a una única tarea y con objetivos con frecuencia de distinta naturaleza y resultados. La consecuencia es que se prima a los responsables políticos y se desconsidera o menosprecia el trabajo de numerosos periodistas inscritos para tales tareas en las distintas administraciones, relegados a funciones subsidiarias y observados con desconfianza por sus propios mandos políticos.

Ante esta situación, que mantiene a los periodistas de las Administraciones Públicas en un permanente desánimo y pesimismo, debemos plantear una serie de pasos que conduzcan a dignificar las tareas de este cada vez más numeroso colectivo y a la vez, convertir las fuentes oficiales como absolutamente fiables, completas y al servicio del derecho a la información de los ciudadanos, derecho, no olvidemos, proclamado como universal y fundamental en la misma Constitución.

En primer lugar es necesario el reconocimiento pleno de que han sido contratados para ejercer el periodismo con todas las garantías, derechos y obligaciones que afectan al conjunto de los profesionales de la información.
Por ello, en el proyecto de ley, actualmente a debate en las Cortes Generales, de Estatuto del Periodista Profesional (EPP), se establece una definición de periodista a partir de las tareas que realiza tanto en empresas como en “instituciones” o asociaciones. Esta inclusión no es inocente. Si de esta definición se derivan quienes son los titulares de derechos y obligaciones en la profesión periodística queda expedito el camino para el reconocimiento de los periodistas de las Administraciones Públicas y en consecuencia obtendrán su credencial de periodista profesional como cualquier otro periodista que trabaje en los medios convencionales de prensa, radio, televisión o Internet.

Este primer paso tiene consecuencias, porque permite distinguir entre periodistas de las Administraciones Públicas, reconocidos en plenitud como periodistas, y cargos públicos de confianza política que aún que puedan tener formación periodística no ejercen como tales si no como políticos y a los que debería negarse la acreditación de periodista profesional mientras sus tareas sean directamente políticas. También de este reconocimiento se derivan consecuencias laborales puesto que un periodista no puede ser contratado en condiciones salariales inferiores a las que la Administración Pública tenga establecidas para titulados superiores. No es que la acreditación exija o sea equivalente a la titulación, pero si han sido contratados como periodistas, difícilmente en las Administraciones Públicas entrarán por concurso público periodistas sin este requisito formativo, lo que permite la equiparación de hecho a categorías con estudios superiores.

La segunda consecuencia de la aprobación del EPP, en su actual redactado, seria que se dedica un amplio capítulo al acceso a las fuentes. Ello implica una modificación en profundidad que cuantas leyes administrativas ponen obstáculos a tal acceso con la única salvedad de aquellos documentos calificados expresamente de secretos oficiales y con una normativa adecuada para que tal calificación no pueda cometer excesos. Así también en los procedimientos judiciales y las vistas públicas de las distintas instancias de la administración de Justicia. El EPP, planteado como ley orgánica porque afecta a derechos fundamentales, explicita la adecuación de las demás leyes a estos nuevos requisitos en una serie de disposiciones adicionales que obliga al Gobierno a regular el procedimiento de las autoridades administrativas para la denegación del acceso a una información y modificar por ley en un plazo de tres meses la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para facilitar el acceso a los archivos y registros. También una disposición derogatoria anula cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la ley del EPP.

Este es un capítulo ambicioso que ha de modificar comportamientos enquistados de las Administraciones y que configura la transparencia y la información como una obligación inexcusable. El papel de los periodistas de las Administraciones Públicas situados ante este nuevo reto debe ser fundamental. Se trata pues de responsabilizar a las Administraciones a proporcionar o facilitar la máxima transparencia y la máxima información a todo lo que por ser público no puede permanecer oculto.

En este contexto los profesionales periodistas de las Administraciones Públicas tienen que poder negociar su estatus particular, implicándose en el cambio, esforzándose en ser protagonistas de este y reivindicando las condiciones para poder hacerlo responsablemente.

No veo una mejor ocasión para plantear cuantas reivindicaciones no han sido históricamente atendidas para los periodistas de las Administraciones Públicas y no veo una mejor oportunidad para hacerse sentir y presentarse como garantes de esta información veraz y completa que reclama la sociedad y protege por ley el EPP.

Mis reflexiones al respecto no solo quieren contribuir a levantar el decaído ánimo de los compañeros de las Administraciones Públicas si no también a deshacer malentendidos o manipulaciones intencionadas sobre el alcance y sentido del EPP. Y como consecuencia quieren ser una llamada para ponerse a elaborar las condiciones y reivindicaciones de este colectivo en el contexto del nuevo marco legal. Es por consiguiente una llamada a la movilización y a no estar pasivamente esperando su desenlace, porque este dependerá de todos.

Como consecuencia de todo ello os invito a un amplio diálogo para establecer el pliego de reivindicaciones de los periodistas de las administraciones públicas para establecer una plataforma común que presentaríamos conjuntamente a las instancias oportunas para su negociación. Algunas de las últimas noticias que se han conocido en este ámbito dan confianza de que nos encontramos en un momento especialmente oportuno para dar la batalla que me ofrezco a hacer también nuestra, rompiendo así interna y públicamente la imagen de que los periodistas estamos incapacitados para ofrecer combates unitarios en los diversos sectores en los que intervenimos. Tampoco me conformo en la creencia fatalista de que estemos condenados a la manipulación o la sumisión. Todo depende de que nos dejemos y viene siendo hora de demostrar la voluntad de que no será ya mas.

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