29 nov. 2005

Consideraciones históricas de la Comunicación Institucional en la España democrática

cartel electoral del Referendum por la Reforma Política el 15-12-1976Los periodistas que desarrollan su tarea en los Gabinetes de Prensa ministeriales, Departamentos de Comunicación y Publicaciones Periódicas de la Administración atraviesan en la actualidad una difícil situación, fruto de los errores cometidos por la Administración en el pasado y de su incapacidad para resolver ciertos problemas, y también producto de cierto grado de conformismo achacable a la propia profesión.

Para comprender la grave situación actual es necesario hacer algunas consideraciones previas de carácter histórico: en resumen, hay que retrotraerse a la época de la transición democrática en España. Bien es cierto que las relaciones entre la prensa y el poder y sus influencias mutuas vienen de antiguo, pero es precisamente en la Constitución española de 1978 donde se recoge, en su artículo 20, el principio de libertad de expresión y comunicación.

La Constitución de 1978 fijan las reglas en las que deben basarse en democracia las relaciones entre los medios de comunicación y los poderes públicos. Eso significa que desaparecen instrumentos propios de los Estados totalitarios, como la censura previa o el control y registro de medios, y aparecen otras basadas en la colaboración y el respeto entre medios libres y gobiernos democráticos.

Junto a una prensa libre nace también la necesidad de que el Estado democrático se dote de unos profesionales capaces de cumplir dos tareas básicas pero esenciales: una, de carácter interno, que se resume en recoger toda aquella información que generan los medios para hacerla llegar a aquellas personas que por designio de las urnas representan a las más altas instituciones del Estado; y otra, de carácter externo, que consiste en elaborar y distribuir la información que generan las propias instituciones (Como se observa en la actualidad, tanto una como otra función han adquirido un alto grado de complejidad, típico de las sociedades avanzadas, y requieren, por lo tanto unos profesionales con un alto grado de formación y especialización).

A estas loables necesidades obedece la creación por parte de la nueva Administración de la primera Secretaria de Estado para la Información, hecho que se produce con el primer gobierno de UCD presidido por Adolfo Suárez Esta Secretaria de Estado se encuadra en el área de comunicación de la Presidencia del Gobierno.

A pesar del voluntarismo demostrado por los primeros gobiernos democráticos, en el diseño de esta nueva estructura relacionada con la comunicación institucional se detectan ya los problemas, y la falta de recursos para resolverlos, que nos conducen hasta la situación actual:

En el orden estructural:
· Los diferentes gabinetes de prensa de los departamentos ministeriales y organismos afines (es decir, organismos autónomos, embajadas, altos organismos internacionales) dependen “funcionalmente” de la Secretaria de Estado para la de Información. No obstante, y de hecho, orgánicamente dependen de cada uno de los departamentos ministeriales y, en la mayoría de los casos de los Gabinetes del Ministro. Es decir, “van por libre”: cada uno de estos mini-gabinetes depende de la alta dirección de turno, con personal, en muchos casos, de libre designación. No existe, por lo tanto, ninguna vinculación orgánica entre los profesionales –se supone que con la misma titulación y cometidos- que desarrollan su trabajo en estos órganos de comunicación institucional.
· No se la da a las publicaciones oficiales (numerosas por entonces) el concepto de publicación periodística, por lo que se resta al área de comunicación institucional uno de sus principales y reconocidos instrumentos.

En el orden funcional:
· El núcleo central del nuevo organismo se forma aprovechando el personal –en su mayoría con contrato laboral- del antiguo gabinete de prensa del Ministerio de Información y Turismo. Se traza, no obstante, una clara línea diferencial entre los funcionarios de ese mismo organismo (funcionarios del Cuerpo Superior, Técnicos de Información y Turismo –que se constituye en una escala a extinguir y para los que se reservan altos puestos en embajadas y Consejerías de Información-) y el resto del personal seleccionado, como ya se ha dicho contratados laborales en su mayoría.
· La decisión de los gobiernos de UCD y del PSOE, respectivamente, de acabar con la denominada, primero, “Prensa del Movimiento”, y más tarde, “Medios de Comunicación Social del Estado”, coloca a los profesionales que trabajan en estos medios en una difícil situación. Se decide, de manera arbitraria, dispersa y sin control, recolocarlos en los diferentes departamentos de prensa ministeriales y otros organismos afines.

· Se constituye así lo que será el embrión de la actual estructura:
a) Un núcleo central (numeroso pero aislado) de periodistas de la Administración, agrupados en la Secretaria de Estado para la Información (más tarde Oficina del Portavoz del Gobierno, Ministerio del Portavoz del Gobierno, etcétera, y actual Secretaría de Estado para la Comunicación) compuesto por personal laboral de los antiguos gabinetes de prensa ministeriales, al que se une el personal proveniente de los extintos medios de comunicación social del Estado, más funcionarios de carrera y eventuales.
b) Otros gabinetes de prensa ministeriales –tantos como Ministerios existen en los sucesivos mandatos ejecutivos -, de organismos autónomos, más aquellos adscritos a las publicaciones oficiales, todos ellos con la misma estructura de personal que la descrita y magnitudes más o menos variables, dependiendo de las funciones y cometidos del propio departamento. Sin una definición contractual definida (aunque la mayoría tienen contratos laborales) y dependientes de cada uno de los departamentos ministeriales,
c) Y, por último, en la cúpula de cada uno de estas estructuras, aunque sin conexión orgánica entre ellas, una seria de puesto específicos de alta dirección, reservados, por un lado a los funcionarios de más alto nivel (TAC o niveles similares) y, por otro, a funcionarios eventuales de libre designación.

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