12 nov. 2005

Comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas de la Administración Pública (ANPAP)

La Asociación Nacional de Periodistas de la Administración Pública, (ANPAP! representa a más de trescientos miembros, licenciados en Ciencias de la Información y periodistas titulados, pertenecientes a los distintos gabinetes de prensa, oficinas de información y departamentos de comunicación de la Administración General del Estado.
Al ser nuestro ámbito de actuación estatal, nuestra Asociación está abierta a la incorporación de los más de 2000 profesionales que traba­jan como periodistas en las distintas administraciones públicas.
Desde la constitución de nuestra Asociación se ha llevado a cabo un estudio sobre nuestra situación profesional y hemos detectado que nuestra actividad sufre un proceso crónico y progresivo de degradación que está llegando a límites inadmisibles, derivado de los siguientes problemas que denunciamos.

INDEFINICIÓN ADMINISTRATIVA, PROFESIONAL Y LABORAL
- En los veinte años de administración democrática los sucesivos res­ponsables políticos no han definido el marco profesional, administrativo y laboral adecuado para el desarrollo de unas funciones de información que garanticen y faciliten la comunicación de la Administración con sus ciudadanos.
- No existe un modo orgánico y regulado de acceso a los departamen­tos de prensa y muchas veces no se exige la titulación pertinente, lo que provoca un creciente intrusismo profesional. Además, contravinien­do la legislación, no se han establecido catálogos o relaciones de los puestos de trabajo adscritos a cada gabinete de comunicación.
- La Administración no reconoce especificidad técnica y profesional de nuestro trabajo y por tanto no describe claramente funciones, contení-dos, responsabilidades, categorías profesionales y retribuciones.
- Los cometidos profesionales no guardan relación con el nivel laboral o funcionar/al de los miembros de la plantilla, sino que se configuran de un modo circunstancial y elástico en función de las necesidades del servicio o de los intereses coyunturales de las políticas de personal.
- Observamos que se acentúa la tendencia a que las labores de superior responsabilidad y retribución sean acaparadas por personal eventual de confianza o por asesores de comunicación contratados.
- Los departamentos de comunicación en la Administración General del Estado se han convertido en un cajón de sastre. En ellos se mezclan desordenadamente periodistas titulados (funcionarios, laborales o even­tuales), ingresados por oposición, traslado o nombramiento digital, con otra clase de técnicos de la información y con personal no relacionado con la misma.
- Como es lógico, entre los trabajadores impera la desmotivación y la exasperación creciente. Simultáneamente, las estructuras de comunica­ción han ido perdiendo funcionalidad, los métodos de trabajo han que­dado anticuados y en muchas unidades informativas se carece hasta de los medios técnicos e instrumentos laborales indispensables.
- Consecuentemente, se mantiene una anacrónica desconfianza hacia el papel y la figura misma de los periodistas a quienes tiende a conside­rarse como "el enemigo en casa" o a los que, a veces, en el colmo del cinismo, se adjudica la responsabilidad de las insuficiencias funcionales de los departamentos de prensa provocadas, como es evidente, por las cúpulas administrativas.
- Este estado de cosas revela la resistencia de los poderes políticos y administrativos a traducir a hechos reales y administrativos el mandato constitucional que ampara el carácter de servicio público de la comuni­cación institucional.
- Esta situación ha permitido perpetuar una visión patrimonial, politizada y desconfiada de la información suministrada a los ciudadanos, que se traduce en una marcada tendencia a restringir, controlar y filtrar la difusión de las actividades administrativas; auspicia el amiguismo, la promoción de personas de confianza y el clientelismo

OBJETIVOS
Nuestras reivindicaciones pasan necesariamente por el reconocimiento de las tareas informativas en el seno de la Administración, como activi­dades profesionales, específicas y singulares, para lo que pedimos la creación de un Cuerpo o Escala de Comunicación Institucional, al igual que se ha hecho recientemente con el Cuerpo de informáticos, restau­radores o traductores.
Este Cuerpo o Escala profesional permitiría establecer una única forma de vinculación administrativa del personal dedicado a las tareas infor­mativas, catalogar los puestos de trabajo en los gabinetes y las catego­rías profesionales y titulaciones académicas (licenciados en Ciencias de la Información en las ramas de Periodismo, Imagen y Publicidad y Rela­ciones Públicas, periodistas titulados, fotógrafos, técnicos audiovisua­les, etc.) definiendo cada uno de los perfiles, responsabilidades, retribu­ciones y sistemas de promoción.
De esta manera se reglamentarían las vías de acceso a /os departamen­tos de prensa y comunicación, mediante las correspondientes oposicio­nes o concursos, así como el escrupuloso respecto a la titulación aca­démica que en cada caso corresponda.
Esta solución sería beneficiosa para la propia Administración, los me­dios de comunicación y la sociedad. Así mismo, se establecería una nueva vía laboral para los jóvenes profesionales.

CONCLUSIONES
La comunicación institucional ha experimentado en esta última década en España, y en toda Europa desde hace años, un gran auge e interés por parte de los profesionales de la comunicación. La adecuada difusión y su correcto uso profesional hará de la comunicación institucional la correa de transmisión de una verdadera integración social, la democrati­zación cultural y la legitimación de los poderes públicos en las socieda­des contemporáneas del siglo XXI.
Por todo ello, contamos con el apoyo de numerosas autoridades acadé­micas (Universidades) y Asociaciones de la Prensa de toda España para superar una de las asignaturas pendientes de una Administración demo­crática y moderna. Ahora es el momento de lograrlo.
Apostamos por una comunicación institucional libre y de calidad, acor­de a las exigencias de nuestro tiempo, que sea modelo de transparencia informativa y con los máximos niveles de profesional/dad, que contribu­yan a mejorar los cauces informativos entre la Administración, los medios de comunicación y el ciudadano.

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